Moreno-Luque. Abogados

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Erosión y Destrucción Del Ahorro Popular Bajo Gestión De La Industria

La información disponible demuestra que los partícipes de los fondos que ponen todo el capital y asumen por entero el riesgo y los efectos de una severa inflación y de una presión fiscal que grava una rentabilidad inexistente, no obtienen, en su mayoría, un solo euro de rentabilidad real, mientras que la industria, incapaz de gestionar decorosamente los ahorros de los pequeños inversores, se ha llevado cantidades absolutamente desproporcionadas (por encima de cualquier nivel de tolerancia) en relación con las rentabilidades nominales obtenidas. En los últimos 10 años, 2008-2017, ambos inclusive, más del 48%

Los malos resultados no sólo se registraban en la gestión tradicional de los fondos financieros sino también en la gestión de las sociedades de inversión aunque se les aplicaron menores comisiones, en la gestión alternativa que también ha sido un desastre y en los fondos inmobiliarios que han originado el mayor escándalo financiero de la historia de la inversión colectiva española, ya de por sí escandalosa.

La capacidad financiera y el potencial del ahorro popular confiado a los fondos de inversión y de pensiones, que tienen una participación extraordinariamente baja en la capitalización bursátil española y que han sufrido un importante desplome, es, todavía, impresionante. Piénsese que con los ahorros confiados a los fondos de inversión y de pensiones se podría hacer, en el momento actual, una OPA sobre la totalidad de las acciones del Banco de Santander, del BBVA, del Banco Popular, del Banco de Sabadell, de Bankinter, BANKIA y Caixa Banc.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre la imparcialidad y el papel que ha jugado la CNMV, la DGSFP y el Banco de España, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la hora de establecer un marco competitivo que permitiera la óptima utilización de los recursos financieros disponibles y un marco justo y eficiente para los inversores.

Existe un servicio de reclamaciones a disposición de los inversores en la CNMV pero éste no es una alternativa a las acciones judiciales. Para empezar se exige para la presentación de las reclamaciones que los inversores hayan acudido previamente al servicio de atención al cliente y/o al defensor del cliente de la entidad reclamada y que, transcurrido el plazo de dos meses, no hayan recibido respuesta o no estén de acuerdo con la misma. La resolución de las reclamaciones conlleva la emisión por parte de la CNMV de un informe no vinculante en el que se valora si la entidad se ha ajustado o no a las buenas prácticas exigibles en los mercados de valores. También se informa al inversor sobre sus derechos y los cauces legales para su ejercicio pero, en realidad, en los casos que conocemos lo único que hace la CNMV es advertir que el informe no es vinculante, que tiene carácter informativo, que no tiene la consideración de acto administrativo, por lo que no cabe recurso alguno contra él, que no recoge propuestas ni valoraciones económicas sobre los posibles daños y perjuicios ocasionados al reclamante y que para resolver estas materias, en su caso, los inversores deberán dirigirse a los Juzgados y Tribunales de Justicia.

Como ha quedado dicho, en ningún caso la CNMV se pronuncia ni sobre la cuantía de la compensación económica que debe darse al reclamante, ni sobre la eficiencia de una industria cuyo funcionamiento ha autorizado la CNMV y el Mº de Economía en el ámbito de sus respectivas competencias. Cuestión aparte es que la CNMV no se pronuncie sobre la conveniencia de las comisiones incluso si éstas suponen la inviabilidad del fondo e implican la puesta en marcha de un esquema piramidal.

La CNMV, que asesora al gobierno, "no se pronuncia sobre la conveniencia de las comisiones", y da por bueno el artificio de las gestoras de fijar, en contra del principio de prioridad de los intereses del partícipe, las comisiones sobre el patrimonio de los fondos de inversión para eludir así los límites máximos establecidos cuando la comisión se fija sobre los resultados.

La evidencia empírica demuestra que, desde un punto de vista lógico y jurídico, la norma que establece las comisiones máximas sobre resultados es incompatible con la que establecen las comisiones sobre el patrimonio pues si se aplica la primera el partícipe paga la mitad de lo que pagaría si se aplicara la segunda. La antinomia se resuelve en la práctica siempre en contra de los intereses de los partícipes y a favor de los intereses de la industria, que invoca como cobertura del fraude la norma que le es más favorable.

Una interpretación que sistemáticamente da preferencia a los intereses socialmente relevantes de las gestoras en contra de los intereses socialmente relevantes de los partícipes que son preferentes es una muy desafortunada interpretación que exigirá el correspondiente pronunciamiento de los tribunales.

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